En su primera etapa el régimen franquista consideró que el nuevo Estado debía encargarse de acabar con el secular atraso económico español e industrializar el país y, en base a ello, optó por el intervencionismo estatal, la autarquía, la limitación de la competencia y también por asumir un elevado nivel de corrupción que se aprovechaba del sistema. Consecuencia de tan nefasta política económica fue, una larga posguerra que duraría hasta bien entrada la década de 1950 y en la que  una amplia mayoría de la población hubo de padecer pobreza endémica.

En el mes de junio de 1959, según aseguran los entendidos de Villa y Corte y reproduce el profesor de Estructura Económica de la Universidad de Barcelona Josep Oliver, se produjo en el Palacio del Pardo un más que elocuente diálogo entre el Generalísimo Franco y su recién estrenado ministro de Hacienda y miembro del Opus Dei, Mariano Navarro Rubio.

  • NAVARRO RUBIO: Excelencia, el próximo invierno ya no podremos pagar el petróleo.
  • FRANCO: ¿Y las naranjas, Navarro?
  • NAVARRO RUBIO ¿Y si se hielan, excelencia?
  • FRANCO: Pues ponga usted en marcha el Plan…

Estaban hablando, claro está, del Plan Nacional de Estabilización, un Plan que sería elaborado con la participación de los economistas Joan Sardà i Dexeus y Enrique Fuentes Quintana y que  el gobierno aprobaría mediante Decreto Ley, el 21 de julio de 1959, después de haber vencido las resistencias internas de varios ministros del gobierno y las del propio Franco, para quienes la política de carácter autárquico tenía un carácter ideológico unido a la victoria en la Guerra Civil y al nacionalismo. Es más, sin la asfixia exterior y la sombra de la suspensión de pagos internacional hubiese sido muy poco probable que se hubiera abandonado este modelo autárquico, tan próximo a la ideología de un Régimen creyente en las virtudes omnímodas del Boletín Oficial del Estado, generador de una enorme pléyade de buscadores de rentas y con escaso aprecio por los mercados abiertos y con competencia.

El Plan marcaba una serie de objetivos a conseguir: estabilidad económica, equilibrio en la balanza de pagos y robustecimiento de la moneda, de modo que se convierta en una divisa estable al tiempo que preveía la liberalización progresiva de la importación de mercancías y paralelamente, la de su comercio interior. Los efectos estabilizadores se dejaron notar a muy corto plazo, tanto en el interior como en el equilibrio exterior. Pero la estabilización, como muchos procesos de esta naturaleza, supondría, a corto plazo, un notable freno de la producción española durante la segunda mitad de 1959 y principios de 1960 y cuyas consecuencias no serían otras que las congelaciones salariales, el aumento del paro y, consecuencia de ello, los fuertes descensos del consumo y de la inversión. Todos estos hechos provocaron un conocido  fenómeno de capital importancia en la época, el incremento de la emigración española básicamente hacia Europa en busca de empleo.

Ciertamente, puede afirmarse que  en los años sesenta se produjo en España un importante crecimiento de la economía española, el más alto vivido hasta entonces. Sin embargo, a lo largo de esta misma década, un nuevo viraje hacia posiciones proteccionistas e intervencionistas de tilde político-económica y encaminado a favorecer a las grandes corporaciones dominadas por la banca, impidió la consolidación de un sistema competitivo que no hizo sino dejar una pesada herencia económica que dificultaría la modernización de la economía española durante el proceso de transición democrática y un lastre que, en mi opinión, aún hoy padecemos.