Han pasado  más de treinta años desde la promulgación de la Constitución de 1978 y el proceso de transición a la democracia que sin duda forma parte de nuestra historia, está siendo objeto de controversia política y de debate público, utilizado como objeto  para describir y enjuiciar las virtudes y los defectos de nuestra democracia. Hay quienes mantienen una visión idealizada del período, lo perciben como un plan perfectamente diseñado, como una “balsa de aceite” y, como consecuencia de ello, los pactos y los consensos alcanzados entonces son inamovibles. Rechazan cualquier modificación del marco institucional y denuncian cualquier análisis crítico al que elevan como auténtico atentado a la convivencia y a la reconciliación. Para otros, sin embargo, resulta incuestionable impulsar una “segunda Transición” que repare las traiciones políticas, las renuncias y las debilidades del proceso, consideran que todos los vicios, sean reales o hipotéticos, de la democracia actual son consecuencia de aquellos acontecimientos.

Tal y como recordaba Tomás y Valiente, el proceso de la Transición fue “una sinfonía coral sin partitura, que se interpretó en un concierto sin espectadores porque nadie se quedó fuera del escenario”. Fue, como apunta el historiador Julián Casanova, un proceso incierto y problemático, improvisado sobre la marcha, producto de las negociaciones entre los representantes del bloque social que había gobernado el país y los políticos de la oposición, pero también de las coacciones y amenazas de los poderes fácticos y de la presión ejercida desde abajo por los movimientos sociales.

Hoy algunas de las consideradas “virtudes” de la Transición pueden entenderse como deficiencias a la democracia  sin que ello suponga invalidar el proceso ni poner en cuestión su legitimidad. Por citar algunos ejemplos podríamos hablar de la injusticia del sistema electoral, de la ambigüedad e imprecisión del texto constitucional en la definición de una realidad plurinacional, del modelo “ficticio” de separación de Poderes que la realidad política nos recuerda a diario, o como indica Josep M. Colomer, el carácter restrictivo de unas instituciones democráticas que concentran el poder de manera excesiva en lo líderes de los partidos mayoritarios, debilitan las organizaciones intermedias entre el Estado y la sociedad y distancian a los ciudadanos de los lugares de decisión.

Ciertamente, España construyó un contrato social  a la salida del franquismo y el resultado fue el llamado «modelo español de la Transición». un modelo que hoy, a todas luces muestra  agotamiento en alguno de sus aspectos básicos. Es como si el adhesivo que ayer  nos cohesionaba, hoy  hubiese perdido toda su  fuerza.

Ha transcurrido más de un cuarto de siglo y el sistema político puede, perfectamente, emprender cambios y reformas que mejoren la calidad democrática y refuercen la participación ciudadana, ya no hay temor a la inestabilidad social ni al enfrentamiento violento que pudiese provocar la repetición de una guerra y lo que  se necesita un cambio valiente con objetivos audaces, es hora ya de reformar en profundidad la Constitución y muy especialmente en lo concerniente a «derechos fundamentales» que debieran de dejar de ser un mero «pliego de intenciones» para pasar a ser normativos. No se trata ya de una labor de maquillaje del sistema ni de rejuvenecimiento del mismo, sino de su renovación profunda. Ya no se pueden aplicar las recetas del viejo modelo del 78, que, de una parte, se va desmoronando por los efectos de una corrupción sistémica y, de otra, se ve acuciada por el desafecto de ciudadanos.

España es hoy, a mi juicio, un Estado sin contrato social y ésta es una de las razones de las dificultades que ahora tenemos para encontrar una salida adecuada a la crisis económica y política que vivimos.