“En el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado”.

Así rezaba el último parte oficial emitido desde el cuartel general de Franco el 1 de abril de 1939. Atrás quedaba una guerra que dejaría, sin duda, profundas y duraderas cicatrices en la sociedad española.
El desmoronamiento del ejército republicano en la primavera de 1939 conllevó que, alrededor de 50000 españoles fueran ejecutados, cerca demedio millón se viesen forzados a cruzar la frontera y que aún en mayo de 1940 fuentes oficiales cifren en más de 270.000 los reclusos por delitos políticos.
De los campos en los que quedaron concentrados los días de la derrota, decenas de miles de republicanos, socialistas, anarquistas y comunistas salieron hacia cárceles o colonias penitenciarias, donde hubieron de enfrentarse a miserables condiciones de vida resultando habitual, el hacinamiento, el hambre, las epidemias y las torturas. El brutal ritmo de trabajo unido a la mala alimentación sería motivo entre los penados de graves enfermedades que causaron no pocas muertes. A ello hemos de añadir que la represión, también se cebó con las viudas, hijas o hermanas de los condenados que habrían de sufrir la humillación del castigo del “pelado al rape”, la purga, la marcha por las calles del pueblo, el despojo de sus bienes o las violaciones.
La finalidad de esta represión, una vez terminada la guerra, ya no consistía en asegurar la victoria militar, sino en purgar hasta erradicar por completo todo lo que los vencedores tenían como causa de “desvío” de la Nación. Había que enderezar la nación torcida y para ello el Nuevo Estado se dotó de medidas jurídicas excepcionales. A la masiva aplicación del código de justicia militar en consejos de guerra sumarísimos se añadieron comisiones de depuración que actuaban en todos los organismos oficiales; la Ley de Responsabilidades Políticas que pudo aplicarse retroactivamente por supuestos delitos cometidos desde la revolución de Octubre de 1934 y la Ley de Represión de la Masonería y del Comunismo, que alcanzaba a todos los grupos o personas que sembraban ideas disolventes contra la religión la Patria o contra la “armonía social”.
Además de reprimir, las nuevas autoridades regimentaron todas las actividades económicas y sociales. Era preciso, ante todo, disciplinar la fuerza del trabajo, tarea que se venía encomendando a la Falange española desde 1938. Bajo su mando quedaron encuadrados todos los productores en una organización sindical regida por verticalidad, unidad, totalidad y jerarquía.
Intervencionismo y autarquía sirvieron como guías en la política industrial, imperando la protección de las reivindicaciones obreras y de los competidores extranjeros a los industriales afectos. Consecuencia de ello fue que el gobierno, además de descabezar a la clase obrera, apropiándose de sus sindicatos y tipificando como delito de sedición el derecho a la huelga, favoreció la ausencia de competitividad de empresas y las situaciones de oligopolio y monopolio.
Otra de las consecuencias de Estado intervencionista y rigidez ordenacista sería, sin duda, la proliferación de la burocracia y con ello todo tipo de irregularidades administrativas que acabarían por fomentar un clima económico absolutamente ajeno a todo principio de racionalidad y de búsqueda de mejora de la productividad.
A la represión y a la regimentación hemos de añadir la vasta empresa de adoctrinamiento protagonizada por la Iglesia visible en los altos cargos consultivos del Estado y en el terreno de la enseñanza. En el ámbito educativo el control fue absoluto. Desde los días de la Junta Técnica del Estado, la educación fue territorio en que los católicos pudieron ejercer su poder sin ninguna traba. Lo ejercieron, ante todo, para depurar un pasado en el que identificaban a la Institución Libre de Enseñanza, con toda suerte de delitos, así pues, el expurgo de libros, la depuración de maestros o las sanciones ejemplares formaron parte de una política que pretendía erradicar una tradición considerada espuria.
Represión, regimentación y adoctrinamiento deben de completarse con la cuarta nota que caracterizó la primera década del Nuevo Estado, el aislamiento del exterior erigiéndose como fusión de la auténtica tradición española. Así pues, Ejército, Falange e Iglesia se convirtieron en las tres grandes burocracias que dominaría la vida económica, política, social y moral de los españoles y fueron, además, los únicos centros de extracción de personal político y administrativo, consecuencia de ello fue el alejamiento de cualquier sistema vigente en Europa y en lugar de aquella España que la generación del 14 había querido europea se implantó la España solitaria, aislada y oscurantista.
En esencia, la victoria incondicional de las tropas del general Francisco Franco, el 1 de abril de 1939, inauguró la última de las dictaduras que se establecieron en Europa antes de la Segunda Guerra Mundial. La dictadura de Franco que al igual que la de Hitler o la de Mussolini, se apoyó en el rechazo de sectores católicos y conservadores a la democracia liberal y a la revolución. Se contaba además con que las grandes potencias capitalistas no tomarían represalias contra la España católica y anticomunista. En palabras de Franco, “la única fórmula para nosotros no es otra que: orden, unidad y aguantar. Treinta años más duró la fórmula.