El papa Francisco sorprendió y mucho al defender la laicidad del Estado durante su visita a Brasil en agosto del pasado año 2013. Jorge Mario Bergoglio, debió de dejar boquiabierto a más de uno, al defender  sin ambages y con absoluta nitidez que: “la convivencia pacífica en las diferentes religiones se beneficia por la laicidad del Estado que sin asumir como propia ninguna posición confesional respeta y valora la presencia del factor religioso en la sociedad”.

Ciertamente la laicidad, contra todo lo que aún subyace en el ideario de algunos, no implica ni mucho menos hostilidad hacia la religión católica ni hacia ninguna otra opción espiritual. No se erige en ningún momento como ideal reactivo contra la religión sino contra el dominio clerical, es decir, contra la pretensión de dominación y de privilegios de una opción espiritual sobre el colectivo social. La separación laica consiste, llanamente, en separar religión y política y abstenerse, por parte del Estado, de conceder privilegios a los representantes de una confesión en detrimento del conjunto de la sociedad.

En España, no parece existir conciencia plena entre nuestros políticos de que en momentos en los que las políticas de austeridad y recortes en el gasto público están contribuyendo en gran medida al deterioro de la calidad de vida de la población y al aumento de la pobreza, la jerarquía eclesiástica disfruta sin ambages de los tremendos privilegios que fueron negociados durante el período de la Transición y que desde entonces, ningún partido de ningún signo político en el Gobierno ha osado conculcar.

Para hacernos una idea, este año 2013 el Estado cederá a la Iglesia 13´2 millones de euros al mes (un total de 158´4 millones) para pagar a la Conferencia Episcopal y los salarios del clero. Además, le serán retribuidos 11 millones de euros de todas las Administraciones Públicas para financiar sus actividades. A ello hemos de añadir los tremendos privilegios que, en materia fiscal disfruta la Iglesia Católica en nuestro país en virtud del Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede firmado en 1979, acuerdo que les exime de pagar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Sobre esta cuestión, Luís López Villaverde en su libro El Poder de la Iglesia en la España contemporánea señala que, si tal y como se ha aprobado recientemente en Italia, la Iglesia no estuviera exenta de pagar el IBI, serían entre 2500 y 3000 millones de euros lo que adeudaría la Iglesia al Estado.

Contrariamente a la postura confesional de los poderes públicos, la sociedad española está ampliamente secularizada, hay cifras muy contundentes de un rechazo ciudadano mayoritario que incluye la anulación de los Acuerdos con la Santa Sede. El estudio reciente ofrecido por la Cadena SER (mayo del 2013) nos indica que un 60% de los votantes de todos los partidos políticos apoya que se eliminen los privilegios eclesiásticos, solo están de acuerdo con ellos un 22% y un 18% no se manifestaba. A ello hemos de añadir las claras manifestaciones de rechazo de personas que se sienten católicas, muestra de ello es la carta que los denominados “Cristianos de base de Madrid” han enviado al actual presidente del Gobierno Mariano Rajoy, en la que manifiestan que: “la actual situación es un anacronismo difícil de entender” y entre otras cosas muestran su repulsa a la omnipresencia de la Iglesia Católica en instituciones y en espacios que no son suyos: hospitales, ejército, ceremonias civiles…, así como la injerencia en el terreno de la investigación científica o en las políticas sociales. En esencia, la misiva concluye reclamando del Estado un marco jurídico que garantice a los ciudadanos la libertad de conciencia.

En mi opinión, el momento no puede ser más propicio ni más necesario para cambiar la legislación y acabar con la confesionalidad simbólica de las instituciones del Estado. No se puede seguir permitiendo que “la obra social” de la Iglesia actúe como eximente de sus muchos “pecados capitales”.