Aún siendo muy grave la crisis económica por la que atraviesa el país, el drama de seis millones de parados y un empeoramiento generalizado de su nivel de vida, a mi modo de ver, su importancia  palidece si se compara con la crisis política e institucional a la que estamos asistiendo.

La mayor parte de las instituciones emanadas de la Constitución de 1978 y del ordenamiento que propició, se muestran incapaces de abordar y hacer frente ya no, a un futuro inmediato, sino al presente mismo y  los partidos políticos, azuzados tanto por la corrupción como por los sacrificios y renuncias que para la mayoría de la sociedad conlleva las políticas de austeridad, ven aumentar los sentimientos de escepticismo e incredulidad respecto a la opinión que a la sociedad le merece la capacidad de nuestros líderes para atender las demandas ciudadanas.

El desapego hacia los dos grandes partidos PP y PSOE, según el último estudio ofrecido por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CSIC), no toca fondo y la insatisfacción entre la actuación del Gobierno y la de la oposición transitan a la par. Pero sin duda, lo que resulta más sobrecogedor del informe del CSIC y de las encuestas de diferentes empresas demoscópicas es, la tremenda desafección ciudadana. Los datos que arrojan nos indican que el número de personas decididas a engrosar las filas de abstencionistas junto a las intenciones de voto en blanco y a los indecisos suman en torno a la mitad del electorado potencial.

Ciertamente, asistimos a unos momentos en los que la sociedad parece moverse entre una indignación que no acaba de concretarse y una indiferencia que sirve de argumento a quienes nos gobiernan para mantener un sistema que, a todas luces, no hace sino mellar la continuidad de la democracia. Son muchos los ciudadanos que perciben que el poder político está orientado a beneficiar a quienes los ejercen como profesión y al servicio de los sectores económicos más poderosos y privilegiados. Hay una crisis económica, cierto, pero sobre todo hay una crisis de valores que está poniendo en juego el desarrollo de la vida democrática.

En mi opinión, confiar en que el paso del tiempo acabará por solucionar los problemas de fondo es un tremendo error, los datos publicados no hacen sino poner de manifiesto la apremiante necesidad de un cambio muy sustancial en la vida política que conlleve profundizar en los valores democráticos y afrontar los nuevos retos que este nuevo siglo nos depara. Un cambio que pasa por, en primer lugar, abordar  una nueva Ley de Partidos que garantice la transparencia en el sistema de financiación de las formaciones políticas así como el control eficaz e independiente de sus cuentas. En segundo lugar, se necesita un cambio de Ley Electoral. Es preciso sustituir el actual sistema de listas cerradas y bloqueadas por otro de listas abiertas que permita a los ciudadanos negar su voto a candidatos concretos a los que consideren indignos de su confianza unido, naturalmente, a un sistema de distribución de escaños que garantice la proporcionalidad. En tercer lugar, resulta indispensable reformar y modernizar las Administraciones Públicas de manera que se elimine la duplicación de estructuras y funciones de determinado cargos públicos y se  evite toda sombra de corrupción. Por último, se deben impulsar los cambios necesarios que garanticen la absoluta independencia del poder judicial aunque ello suponga tener que modificar la Constitución de 1978.

Si bien la tarea de nuestros líderes políticos de embarcarse en un proceso de este género no parece probable, abstenerse de ello en aras de sectarismos ideológicos o la voracidad de poder que viene caracterizando a nuestra clase política solo puede desembocar en una tremenda degradación de la democracia que conllevaría, sin duda, a la concentración de poder en cada vez menos manos y una reducción de los ciudadanos al papel de figurantes. Así pues, defender la democracia antes de que sea demasiado tarde, es tarea de todos, al fin y al cabo es la única arma de la que disponemos los ciudadanos para reequilibrar la sociedad.

 

MARÍA D. PERALES POVEDA

LICENCIADA EN HISTORIA