El fin de la guerra civil española como rendición incondicional supuso para quienes habían combatido en las filas republicanas la muerte, el exilio o la cárcel. La finalidad de esta represión era la de purgar hasta erradicar por completo todo lo que los vencedores tenían como causa del desvío de la nación. En palabras de Franco, “había que enderezar la nación torcida” de manera que, el uso de la violencia sería un elemento más en la batalla entre el bien y el mal, entre la ciudad de dios y los “sin dios”, esto es, la anti-España. Una anti-España que debía ser sometida y ante todo, reeducada para ser útil en la reconstrucción de la “nueva”, la de los vencedores. Consecuencia de ello fueron: treinta mil desaparecidos de los cuales ciento cincuenta mil, se estima, fueron fusilados por causas políticas y medio millón internados en campos de concentración. En este contexto, hombres y mujeres cuyo único delito había sido defender la república, fueron empleados como mano de obra forzosa para trabajos de reconstrucción y obras públicas. Un jesuita, José Ángel Delgado-Iribarren, en su obra “Jesuitas en acción” (Madrid, 1956), relata sus impresiones sobre los prisioneros “rojos”; “La siembra, a gran escala, de ideas disolventes en sus almas rudas había producido auténticos estragos. Después de sacarles la ficha clasificadora se les encuadraba en los batallones de trabajadores, donde se prolongaba esta labor, que podríamos llamar de desinfección, en el orden político y religioso”.
Como vemos, la España de Franco no dudó en echar sus bases políticas en una inmensa inversión de violencia para vivir después de rentas y el simple hecho de haber defendido con las armas la legalidad de las urnas de febrero de 1936 quedó convertido en un delito de mayor o menor cuantía en función de la graduación militar de cada individuo o su significación política. La mayoría de los comisarios políticos, así como los jefes y oficiales de las Fuerzas Armadas, fueron pasados por las armas tras juicios sumarísimos en los que la sentencia ya estaba acordada antes de empezar a ser juzgados, mientras que la gran masa anónima de tropa y suboficiales quedó encerrada en numerosos campos que, según los datos que nos ofrece el profesor Javier Rodrigo de la Universidad de Zaragoza, arbolaban una tupida red de Norte a Sur de la Península integrada por más de 180 centros entre 1936 y 1947. Campos de concentración en los que las condiciones higiénicas brillaban por su ausencia, en los que ser prisionero era estar condenado al hambre al frío, a las palizas y a la sed, al aburrimiento y al miedo. Era estar condenado a la más absoluta miseria física y moral y más aún, era estar sometido a perder dos veces una guerra que no iniciaron.
Además de los prisioneros de guerra, miles de presos políticos fueron sacados de las cárceles para ser empleados en las más diversas tareas de construcción o reconstrucción civiles o militares. Y es que el trabajo forzoso fue tan importante durante la guerra y la larga posguerra como infravalorado ha sido a la hora de crear una imagen pública del franquismo, cuyo paradigma esencial no era otro que la exclusión masiva de los vencidos. Internamiento, hacinamiento, clasificación, depuración pero sobre todo, reeducación pensada para la creación de un nuevo orden fundado en el consenso forzoso y la coerción, así pues, el campo de concentración cumplía a la perfección la doble función de adoctrinamiento y de doblegamiento.
El profesor Zaragoza nos cita en su estudio nombres de un sinfín de campos de concentración esparcidos de Norte a Sur de la Península: San Pedro de Cardeña, Miranda de Ebro, Albatera, Lerma, Deusto o Castuera entre otros muchos, a ello hemos de sumar los que se establecieron en el sur de Francia ya que a pesar de ser el Estado galo ejemplo de “fraternidad” y de derecho de asilo, trató a los perdedores como si de una legión de indigentes se tratase. Muestra de ello es el campo de Judes en Septfonds, un recinto infecto con 30 barracones al suroeste de Francia, no fue un refugio agradable para sus 15.000 inquilinos, en su mayoría republicanos valencianos y catalanes. Ellos cruzaron la frontera de los Pirineos en 1939 tras la retirada, huyendo del fascismo. En las 30 hectáreas del campo de Judes, murieron 84 refugiados en tres años. Sus huesos fueron a parar al cementerio de españoles, a las afueras de Septfonds. Un espacio presidido por una frase de Rafael Alberti. “Vosotros no caísteis”.
No es posible que nos olvidemos, a pesar del tiempo transcurrido, de la agonía de cientos de miles de vencidos, tal como explica en una de sus obras Joan Llarch, “Millares de españoles se vieron condenados a sufrir brutalmente una serie de crueldades que en la mayoría de los casos dejaron huellas perennes y en muchos casos quedaron mermadas sus facultades físicas y mentales”. En aquella España de Franco, los engañados, los descarriados, trabajaron para acabar con las huellas físicas de la guerra civil pero sobre todo para horadar en la memoria de la derrota.