“El destino de los vencidos estuvo marcado por dos situaciones: la huida y el exilio o la permanencia y la represión”

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Decía el escritor Francisco Umbral que los masones fueron para Franco lo que los judíos para Hitler y no es en absoluto desmesurada la afirmación si consideramos que de todos los sistemas totalitarios de la Europa del siglo XX que persiguieron a la masonería, Franco fue quien lo hizo con mayor ensañamiento y quien más lejos llegó en el acoso y métodos empleados con la masonería. Una obsesión atribuible, en gran medida, al hecho de haber pretendido iniciarse dos veces en la Orden y haber sido rechazado en ambas ocasiones, lo que acabó desatando toda una “cruzada antimasónica”

De manera que pasó, de pretender iniciarse en la Orden a la brutal represión durante la guerra civil y en la inmediata posguerra, dos momentos en los que la represión y la violencia se ejercieron de formas distintas.

Desde los inicios de la sublevación y durante la guerra, en la denominada zona nacional se produjo dentro del ámbito de la represión generalizada que afectó a todos los partidos políticos republicanos y de izquierda una brutal espiral antimasónica.

Los primeros meses que siguieron al alzamiento de julio de 1936 se allanaron y se saquearon las logias españolas, se incautaron sus bienes y se confiscó documentación, ello sirvió para poder ir, pueblo por pueblo casa por casa, deteniendo masones y sin juicio previo y sin más razón que el hecho de ser masón, proceder a la ejecución despiadada de los miembros de la “orden”, se les daba el paseíllo, y en las tapias de cárceles y cementerios, se les fusilaba sin más.

Así pues desde el golpe militar de 1936 se precipita una vertiginosa cuenta atrás contra los masones que desde el primer momento, se convirtieron en uno de los principales enemigos en todas las zonas controladas por el bando rebelde.

 El 15 de septiembre de 1936 se publicó el primer decreto contra la masonería, obviamente en esa fecha, muchos masones españoles habían sido ya fusilados. A lo largo de la guerra, el franquismo había ido  creando una serie de organizaciones destinadas a la recogida y clasificación de toda la documentación masónica. En abril de 1937 se creaba la Oficina de Investigación y Propaganda Anticomunista y en Mayo se organizó la Delegación Nacional de Asuntos Especiales que se refundieron en junio en el Servicio de Recuperación de Documentos y es que, el régimen no parecía haber tenido suficiente

Una vez finalizada la guerra y proclamada la victoria de los sublevados había que purgar, hasta erradicar por completo todo lo que los vencedores tenían como causa del desvío de la nación. En palabras de Franco, “había que enderezar la nación torcida” de manera que, el uso continuado de la violencia sería un elemento más una herramienta en la batalla entre el bien y el mal, entre la ciudad de dios y los “sin dios”, esto es, la anti-España.

Una anti-España, en gran medida, vertebrada entorno a la tríada masonería-judaísmo-comunismo, que debía ser sometida y ante todo, reeducada para servir a la “nueva España”, la de los vencedores. En base a ello se dará paso a una curiosa legislación antimasónica, reflejo de la obsesión de Franco por este asunto.

Como apunta Santos Juliá, la guerra civil española había terminado con un vencedor que exterminó al perdedor. Se partió de la retórica de las “dos Españas” para construir sobre sus cenizas el mito de la única España, la verdadera, la auténtica, y en la lucha a muerte contra la otra España, la anti España, se enfrentaban la tradición católica integrista del siglo XIX, que consideraba antinacional lo que no era católico, era la España evangelizadora la del, martillo de herejes, la luz de Trento y la espada de Roma. Se hacía por tanto urgente y esencial contrarrestar el modo de pensar lacerante para los católicos españoles expresadas en las voces judeomasónicas.

En base a ello y ya en los momentos de la posguerra se inicia una represión mucho más metódica y sistematizada y en  1940 se promulga la conocida Ley sobre la represión de la masonería y el comunismo que, como muy bien afirma V. Sampedro, se convirtió en la máxima expresión de la arbitrarie­dad jurídica al servicio de la repre­sión ideológica y política.

Ya desde su primer artículo la ley es suficientemente ilustrativa del extraordinario alcance punitivo que se otorgaba a su aplicación y en su artículo 12 establece la creación y composición de un Tribunal Especial para la Represión de La Masonería y el Comunismo, TERMC, las penas iban desde la incautación de bienes hasta la reclusión mayor. Los masones, aparte de las sanciones económicas, quedaban automáticamente separados de cualquier empleo o cargo de carácter público (de por vida). Se establecieron penas de veinte a treinta años de prisión para los grados superiores, y de doce a veinte para los cooperadores. Fue suprimido el 8 de febrero de 1964, después de que gran parte de sus funciones fueran transferidas al Tribunal de Orden Público en 1963.